Vaya una efusiva felicitación al despacho “Anaya Valdepeña, S.C.”, y a su director, el
maestro Federico Anaya Ojeda, coordinador de la sección “Laboral y de Seguridad Social”
de nuestra revista, por el 75 Aniversario de la fundación de esta firma legal.
La necesidad de dotar al Estado de mayores recursos que le otorguen herramientas
monetarias más sólidas es reconocida por la mayoría de los actores políticos,
económicos, sociales y, en general, por la población de este país, la cual entiende que sin
dinero México no tiene posibilidades de desarrollo.
Sin embargo, históricamente, donde no logramos ponernos de acuerdo es en la forma.
Existen posturas tan distintas que durante años no ha sido posible lograr la tan afamada
reforma fiscal integral, que ayude a detonar el milagro económico, el cual ha sido factible
en otros países que han instrumentado las reformas necesarias y que han generado
crecimiento económico, empleo, estabilidad, pero sobre todo, bienestar para sus
ciudadanos.
“La reforma fiscal por los que menos tienen”, propuesta por el Ejecutivo federal, cubre
tan sólo las necesidades más apremiantes de inicio de sexenio, otorgándole oxígeno para
afrontar sin demasiadas presiones los problemas económicos y presupuestarios de los
siguientes dos o tres años.
Pero, ¿para qué alcanza esta reforma? Se espera que con la reforma fiscal aprobada se
recaude un ingreso adicional aproximado a los ciento treinta mil millones de pesos, lo
cual equivaldría a que cada habitante de este país recibiera en promedio $ 1,260 si se
repartiera entre cada uno de nosotros –conforme a estadísticas del INEGI del 2005,
existen 103’263,388 habitantes.
Las pensiones de los trabajadores del IMSS cada vez requieren más recursos, los cuales
se cubrirán en parte con estos incrementos en la recaudación. Asimismo, se requiere
destinar grandes cantidades de recursos a los Proyectos de Infraestructura Productiva de
Largo Plazo (Pidiregas), compromisos que no permiten tener un mayor margen de acción
en la utilización y destino de los ingresos tributarios. Por si fuera poco, una parte
importante fue comprometida para ser entregada a los estados de la República, con lo
cual prácticamente se deja sin fondos a nuevos proyectos o a incrementos al gasto
público en educación, salud, seguridad pública, etcétera.
Actualmente el rezago en recaudación en nuestro país es enorme, alcanza sólo 19% del
PIB, muy por debajo del promedio de los Países Miembros de la OCDE, 35.9%. El
próximo año enfrentaremos una desaceleración o una posible recesión en la economía de
nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, lo cual, sin duda, traerá
estancamiento en el desarrollo económico e industrial de nuestro país.
Estas son las perspectivas que tenemos sobre el futuro inmediato, las cuales no son por
supuesto optimistas, y no podrán cambiar si no se generan las condiciones adecuadas
mediante una verdadera política moderna de recaudación comprometida más con la
nación que con los intereses políticos y económicos de unos cuantos.