Los meses de octubre y noviembre de 2007 pasarán a la historia de nuestro
país por la terrible catástrofe que azotó el sureste mexicano, específicamente
a los estados de Tabasco y Chiapas, al combinarse una serie de fenómenos
meteorológicos que ocasionaron la inundación de una gran extensión de tierra,
dejando bajo el agua ciudades y poblados por igual.
Las pérdidas materiales y económicas ascienden a miles de millones de pesos,
pero sin duda las secuelas más graves, las que debemos ayudar a aliviar de
acuerdo con nuestras posibilidades, son las de los habitantes de esa región que
deberán trabajar arduamente para recuperar sus pertenencias, pero sobre todo
la recuperación de la seguridad que tenían hasta antes de la desafortunada
catástrofe.
La sociedad civil tiene en sus manos la posibilidad de demostrar una vez más
que el trabajo en equipo y la solidaridad pueden lograr resultados asombrosos.
Las autoridades gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal y municipal,
deben cumplir con su obligación de prestar todo el auxilio y apoyo a la
población.
En ese tenor, el Ejecutivo Federal ha anunciado un Decreto de Beneficios
Fiscales para los contribuyentes afectados por el fenómeno natural, que no
dudamos será de gran apoyo para ellos, pues aliviará de manera importante
el difícil momento por el que pasan nuestros hermanos. Por su parte, los
legisladores han señalado que el Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2008 contendrá una partida adicional que será destinada para la
reconstrucción de las zonas afectadas.
Con el apoyo de las autoridades gubernamentales, reforzado con la ayuda
nacional e internacional, estamos seguros que el estado de emergencia pasará
pronto y los estados afectados estarán nuevamente de pie.
PAF, La revista fiscal de México.
